El 15 de abril de 2010 la Coalición por una Radiodifusión Democrática organizó una movilización desde el Congreso Nacional hasta el Palacio de Tribunales, en apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El acto contó con la adhesión de organizaciones políticas y sociales, centrales obreras, diputados del oficialismo y la oposición y grupos independientes convocados a través de redes sociales.
La ley que fue aprobada por el Congreso de la Nación en octubre de 2009 con amplia mayoría parlamentaria -147 votos a favor, 4 en contra, 1 abstención en Dipuados, 44 votos a favor y 24 en contra en Senadores- derogó la ley vigente de la dictadura, que desde entónces posibilitó la formación de conglomerados monopólicos de medios de comunicación en la Argentina.
Actualmente, la ley se encuentra suspendida en virtud del amparo solicitado por el diputado del peronismo disidente de la provincia de Mendoza Enrique Thomas. La jueza mendocina Olga Pura de Arrabal dio lugar a dicho amparo, que fue posteriormente ratificado por Cámara Federal de Apelaciones de la misma provincia. La objeción presentada se refirió a cuestiones de procedimiento durante el tratamiento de la ley en el recinto legislativo, aunque no se expresa en cuestiones de contenido. La jueza ya había fallado anteriormente a favor de la empresa de medios Grupo UNO -de esa misma provincia- cuando logró sacar de servicio a la repetidora de la televisión pública de San Rafael, alegando que su señal interfería con los canales privados.
Los jueces que integran la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza son Otilio Romano, Julio Petra y Alfredo López Cuitiño. Otilio Romano está acusado de complicidad con torturas, violaciones y saqueos de bienes durante la Triple A y la dictadura militar. Alfredo López Cuitiño estuvo a cargo del Registro Nacional de las Personas durante la gestión de Carlos Menem, y desde allí firmó los documentos que otorgó la ciudadanía argentina al traficante de armas Monzer Al Kassar. Su jefe era el por entónces Ministro de Interior, José Luis Manzano, socio de Daniel Vila en el grupo UNO. Julio Petra fue uno de los camaristas que en 2008 otorgó la libertad a todos los acusados de los asesinatos del estudiante Amadeo Sanchez Andia y de Víctor Romano Rivamar. También puso la firma para liberar al sargento del Ejército Argentino Osvaldo Benito Martel acusado por los delitos de tormentos agravados en concurso ideal con lesiones leves en perjuicio de Margarita Rosa Camus, nieta del entonces gobernador de San Juan, Eloy Camus (que también fue detenido) y actual jueza de garantías de la Justicia sanjuanina.
El Grupo UNO es el segundo multimedio más grande del país, está radicado en la provincia de Mendoza y es controlado por el empresario Daniel Vila y el ex diputado y Ministro de Interior de la Nación José Luis Manzano. En algunos de sus medios más importantes, comparte el paquete accionaro con el empresario y diputado nacional Francisco de Narváez. El grupo controla 6 diarios, 12 canales de televisión, 26 radios, además de negocios inmobiliarios y el servicio de agua. Se estima que estos medios tienen una audiencia potencial de un millón y medio de personas. Vila es además dueño del exclusivo barrio Dalvian en la ciudad capital de la misma provincia, y fue denunciado por la colocación de un caño de agua en terrenos de la Universidad Nacional de Cuyo, linderos al barrio Dalvian. En la causa, la misma jueza Pura de Arrabal (que vive en barrio Dalvian) falló a favor del empresario.
Esta es sóla una arista del complejo escenario que compone la situación actual de los medios de comunicación en la Argentina. La ley sancionada en el congreso en octubre del 2009 es el fruto de 26 años de lucha por parte de los organismos que componen los medios independientes nucleados en la Coalición por una Radiodifusión Democrática. El anteproyecto de la misma ley fue sometido a foros abiertos a lo largo y ancho del país durante meses, y el resultado obtenido sirvió para enriquecer y democratizar aún más su contenido, y reemplazar de una vez por todas la ley vigente sancionada durante la últma dictadura militar, carente de mecanismos de participación popular.
Bretel hizo una lista de quienes están a favor y quienes estan en contra de esta ley y en gran medida de las acciones del gobierno. Allí aparecieron entre otros:
actores
músicos
cineastas
escritores
politicos
intelectuales
distintas personalidades de la cultura
periodistas
representantes sindicales
Repasando nombre y trayectorias, y decidido a anotarse en alguna de las dos columnas, Bretel se puso del lado de los buenos.
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